Doce asociaciones de toda España crean la Unión de Músicos Profesionales para hacer frente a la crisis económica

La crisis sin precedentes provocada por el Covid-19, ha llevado a doce asociaciones sindicales y profesionales de músicos, que representan a más de 7.500 artistas y autores/as de todo el país, a sumar fuerzas mediante la constitución de la Unión de Músicos Profesionales.

Así las cosas, la UMP nace para “hacer más presión y fuerza a la hora de defender los derechos de las y los músicos profesionales y ejercer de interlocutores ante el gobierno central, gobiernos autonómicos y municipales, así como ante entes sociales y empresariales, para conseguir un nuevo marco legislativo que refleje la realidad de esta profesión, mediante el desarrollo del Estatuto del Artista”.

El pasado 17 de abril, representantes de las asociaciones que ahora conforman la UMP presentaron sus “reclamaciones ante los Ministros de Cultura y Hacienda”, y han participado en la elaboración del documento que presenta las 52 medidas de las Artes Escénicas y la Música a raíz de la crisis provocada por el Covid-19.

Ahora exponen que todavía no saben “si podrán acogerse a las ayudas para artistas” que se aprobaron en el último Decreto Ley del pasado 5 de mayo, sumado al hecho de que aún quedan muchos músicos que no podrán acceder a ninguna ayuda “transversal”.

El Ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes.

Por ello, exigen “ayudas efectivas y una nueva legislación o se verán abocados a desaparecer como colectivo profesional”. Ante esto, la creación de la Unión de Músicos Profesionales representa un “hito histórico para este colectivo”, que espera más adhesiones en las próximas semanas.

La UMP la conforman la Asociación de Músicos de Euskal Herria (MUSIKARI), la Asociación Española de Grupos de Música Antigua (GEMA), la Asociación Profesional de Músicos de Jazz y Músicas Creativas de Andalucia (ANDAJAZZ PRO), la Asociación Profesionales de la Música de las Islas Canarias (PROMUSIC), la Associació Catalana d'Intèrprets i Docents de Música Clàssica (ACIMC), la Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM), la Associació de Músics de Tarragona (AMT), la Associació Professional de Músics de Catalunya (MUSICAT), Autores de Música Asociados (AMA), la Federación Estatal de Músicos de Jazz y Músicas Improvisadas (FMJAZZ), Músicas Ao Vivo Galicia (MAV) y la Societat de Blues de Barcelona (SBB).

Los principales objetivos de la Unión de Músicos Profesionales pasan por “defender los derechos de las y los músicos profesionales teniendo en cuenta las diferentes realidades profesionales de la música en todas sus formas estilísticas, ya sea como trabajadores por cuenta ajena, autónomos, creadores o autores, y de esta forma lograr una adecuada visibilidad ante la sociedad y las instituciones”.

Asimismo, pretenden “impulsar medidas concretas en materia laboral, de seguridad social y fiscal para conseguir un nuevo marco normativo bajo el espíritu del Estatuto del Artista aprobado por el Congreso de los Diputados”.

Otro objetivo es “trabajar en coordinación con el Gobierno, administraciones centrales, autonómicas y locales, así como de las agrupaciones empresariales y sociales del sector cultural”. “Es el momento de trabajar unidos y con empatía”, apostilla la UMP.

Se busca, además, “proteger y promover a los y las artistas y autores nacionales pidiendo para ello medidas legales para festivales, salas y auditorios que cuenten con cualquier tipo de financiación pública, así como el desarrollo de ayudas directas a los músicos en materia de producción discográfica y movilidad interestatal de los artistas y bandas y un mínimo garantizado de programación preferencial en medios públicos y privados para la exposición de sus creaciones”.

Por último, “analizar de forma sistemática los avances que, para cualquier mejora en las remuneraciones, condiciones de trabajo, subvenciones, ayudas asistenciales, etc. se produzcan en el plano internacional y muy concretamente en el ámbito de la UE, para evaluar la conveniencia de extrapolarlas a nuestra realidad estatal”.